GIPUZKOATIK

Prosigue la investigación julio 24, 2007

Filed under: Berriak - Noticias,Caso Hacienda Irun,Gipuzkoa — Gipuzkoatik @ 9:33 am

Nuevas informaciones sobre el caso de Irun.

Ocho de las dieciséis empresas en las que el ex director de la oficina de Hacienda de Irun, José María Bravo, figura como socio o administrador y que, según la Fiscalía, pudieron servir para ocultar dinero malversado, no tienen en la actualidad ninguna actividad económica, según se desprende de un informe de la Policía judicial de la Ertzaintza al que ha tenido acceso este periódico.

En las diligencias de investigación realizadas por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa en relación a las presuntas malversaciones detectadas en la sucursal tributaria de Irun, el Ministerio Público adjuntó el análisis económico que el Área de Delitos Económicos de la Unidad de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza llevó a cabo sobre las propiedades, negocios y cuentas bancarias de Bravo y su mujer, Rosa Cobos, también imputada en el caso. En ese informe se hace constar que ocho sociedades en las que toma parte el ex responsable de la oficina irundarra “no tienen actividad alguna.

La Policía judicial, que se remite a los datos obtenidos de la Seguridad Social y de las comprobaciones realizadas en los domicilios sociales de las empresas por agentes de la Ertzaintza y de la Policía Nacional, llega a la conclusión de que no hay actividad en Fomento y Desarrollo del Valle del Jerte S.L., Jerte Natura Parque Multiaventura S.L., Jerte Natura Parque Faunístico S.L., Cotos y Entrecotos S.L., Nogaleda Patrimonial S.L., Compañía Auxiliar de Recambios S.L., Urdanibia Aseguroak S.L., y Corona de Castiello Promoción de Edificaciones.

Cuatro de las ocho empresas citadas no constan en la Tesorería de la Seguridad Social, según el informe de la Ertzaintza. Además, la Policía judicial subraya que Compañía Auxiliar de Recambios tiene como objeto social el comercio de vehículos a motor y el de Nogaleda Patrimonial y el de Cotos y Entrecotos es el de arrendamiento de inmuebles, circunstancias que hacen pensar que “por lo que parece, en realidad son empresas ficticias que no están desarrollando ninguna actividad en su sede social. Estas tres compañías comparten local en Irun con Ius Local, Correduría Urdanibia y Urdanibia Asesores, otras tres de las dieciséis sociedades que aparecen en el sumario abierto en los juzgados de Irun.

La Fiscalía acusa a Bravo -en prisión por segunda ocasión, esta vez sin fianza desde el pasado día 11- de haberse apropiado entre los años 1995 y 2004 de un total de 1,7 millones de euros correspondientes a deudas de contribuyentes que no fueron ingresadas en la Hacienda Foral. Además, la acusación pública incluye en sus imputaciones los delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.

En el informe de la Policía judicial se señala que, según el Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, ni Bravo ni ninguna de las dieciséis empresas aparecen vinculados con asuntos tramitados como consecuencia de comunicaciones de operaciones sospechosas, ni existen datos en sus registros.

Según fuentes cercanas al proceso, la imputación de blanqueo de capitales podría no ser admitida por la jueza instructora debido a la dificultad de seguimiento del dinero malversado, ya que es posible que no se corresponda literalmente el delito con los hechos. El blanqueo de capitales está incluido en el artículo 301 del Código Penal, que establece que “el que adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes“.

Según las mismas fuentes, el hecho de que Bravo destinara a los mencionados negocios el dinero público supuestamente malversado, no tiene por qué indicar que se ha producido un blanqueo de capitales.

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