GIPUZKOATIK

Respuesta mediática octubre 6, 2007

Filed under: Berriak - Noticias — Gipuzkoatik @ 9:48 am

El secretismo que envuelve a la operación desplegada contra la Mesa Nacional de Batasuna la noche del jueves impide de momento conocer la versión oficial de lo sucedido, pero fuentes cercanas a la investigación han adelantado que la intervención ordenada por el juez Baltasar Garzón busca abortar un posible plan de reestructuración de la formación para adecuarse a las exigencias de ETA. O lo que es lo mismo: impedir la reorientación del partido hacia una línea más dura, cambio hipotéticamente exigido por la organización armada tras el fin de la tregua.

El magistrado estaría tratando además de cerrar el círculo buscando indicios para tratar de implicar en su investigación a EHAK, cuya sede en Donostia fue ayer registrada en presencia de Joseba Permach, uno de los arrestados. A las 23 detenciones efectuadas el jueves por la Policía Nacional en la localidad guipuzcoana de Segura siguieron ayer casi otros tantos registros en distintas localidades de la CAV y Navarra, que recibieron como respuesta movilizaciones de la izquierda aber-tzale en toda la geografía vasca y algunos altercados callejeros, el más grave al cierre de esta edición la quema de un autobús en Markina.

Tras las confusas informaciones iniciales, el Ministerio del Interior confirmó ayer que se ha detenido a un total de 23 personas, 16 de las cuales son integrantes de la Mesa Nacional constituida en marzo de 2006, entre los que figuran su coordinador Joseba Permach, el responsable de Comunicación, Juan José Petrikorena, el dirigente histórico Rufino Etxebarria y los responsables territoriales Asier Arraiz (Álava), Ane Lizarralde (Bizkaia) y Juan Cruz Aldasoro (Navarra).

Las siete personas restantes están estrechamente vinculadas a la izquierda abertzale, como Ibon Arbulu, ex concejal de Herri Batasuna en Bilbao; Tomasa Alejandro Gordaliza, una de las promotoras junto a Marije Fullaondo -que no ha sido detenida, aunque inicialmente se difundió que sí- del intento fallido de registrar el nuevo partido Abertzale Sozialisten Batasuna; o Arantza Santesteban, integrante del equipo negociador de la izquierda abertzale durante el alto el fuego.

Los arrestados comenzaron ayer a ser conducidos a la sede de la Comisaría General de Información de Madrid, tras ser interrogados en dependencias de la Policía Nacional en el barrio donostiarra de Amara. Está previsto que comparezcan ante Garzón a partir de las 10.00 horas de mañana. Las diligencias abiertas contra ellos son secretas.

De momento, la Audiencia Nacional dio ayer pistas del camino que pueden seguir los 23 últimos detenidos al ordenar el ingreso en prisión incondicional del mahaikide Joseba Álvarez y la portavoz de Askatasuna Oihana Agirre -arrestados el martes- por un delito de pertenencia “a la organización terrorista ETA-EKIN-Batasuna“. Mientras que el primero está acusado reincidir, ya que estaba procesado por lo mismo en el sumario abierto en 2002 a Batasuna por su presunta subordinación a ETA, Agirre está acusada de integración en la organización por primera vez.

El auto hace un exhaustivo repaso de las reuniones mantenidas por Álvarez con otros dirigentes de la izquierda abertzale desde julio de 2006, así como de las concentraciones y manifestaciones en las que ha estado presente. Garzón le acusa, junto a Agirre, de ser “coadyuvantes” de la acción violenta que desarrolla “la vanguardia armada” de la izquierda abertzale, ETA.

Entre las caras visibles de Batasuna que no han sido objeto de esta operación destacan Jone Goirizelaia y Pernando Barrena, que tras pasar una larga noche de llamadas y noticias confusas acudieron ayer a la prisión donostiarra de Martutene con dos miembros del Sinn Féin, Pat Rice y la europarlamentaria Barbre De Brun, que visitaron a Otegi. De Brun lamentó encontrarse con una situación parecida a la de hace una década, cuando visitó Euskadi.

Barrena se ha convertido en el único miembro del equipo que participó en las conversaciones con el PSOE durante la tregua que sigue en libertad, tras el arresto de Petrikorena, Etxebarria y Santesteban anteayer, y el encarcelamiento previo de Otegi y Olatz Dañobeitia, condenada por el caso Jarrai. Ayer, de hecho, interpretó la caída de la cúpula de Batasuna como la “venganza” del PSOE por la postura que mantuvo la formación en el frustrado proceso de negociación política.

Aunque fuentes policiales aseguraron no tener orden de llevar a cabo más detenciones, Pernando no descartó que en el futuro puedan caer nuevos miembros de la Mesa Nacional -que consta de 38 integrantes-, en lo que considera una gran “operación mediática“, que responde a la clave “preelectoral” en la que a su juicio funciona el PSOE.

La izquierda abertzale no ha confirmado que en la reunión celebrada en Segura se debatiera un traspaso de cargos, si bien algunas fuentes aseguran que Batasuna tenía previsto celebrar este mismo fin de semana en Irun un nuevo encuentro con este fin. Barrena se ciñó a criticar al PSOE, al que acusó de “demostrar que puede ser aún más salvaje que el PP a la hora de vulnerar derechos civiles y políticos básicos“.

Criticó el propósito de crear “alarma social” al desplegar semejante operativo policial para detener a personas que han acudido por su propio pie a la Audiencia Nacional cuando han sido anteriormente citadas a declarar y hubieran hecho lo mismo ahora, sin necesidad de desplegar semejante trampa en Segura. Por su parte, el secretario general de LAB, Rafa Díez, dijo que los arrestos son “un paso más en la estrategia de criminalización del independentismo vasco” y un intento de “condicionar la posición de la izquierda abertzale” en la actual “coyuntura política.

El intento de Garzón de descabezar la cúpula de la izquierda abertzale se produce exactamente diez años después de que un proceso que él mismo dirigió desembocara en una sentencia en la que el Tribuna Supremo condenó a siete años de prisión a 23 miembros de la dirección de Herri Batasuna por haber cedido a ETA sus espacios electorales en televisión para la emisión de dos vídeos de la organización armada.

En la instrucción de la causa, iniciada en febrero de 1996, el magistrado ya había ordenado el ingreso en prisión del portavoz del partido, Jon Idígoras. La sentencia fue anulada en julio de 1999 por el Tribunal Constitucional, que consideró “desproporcionadas” las penas impuestas.

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