GIPUZKOATIK

La Audiencia Provincial acuerda la libertad de José María Bravo bajo fianza de 500.000 euros julio 15, 2008

Filed under: Berriak - Noticias,Caso Hacienda Irun — Gipuzkoatik @ 8:27 pm

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa acordó ayer la libertad provisional bajo fianza de 500.000 euros de José María Bravo, principal imputado en el presunto fraude en la Hacienda de Irun y que ha cumplido un año en prisión, al considerar que «por su arraigo familiar disminuye el riesgo de fuga, así como la posibilidad de alteración de pruebas dado lo avanzado de la instrucción del caso». Bravo podrá abandonar la cárcel de Martutene cuando logre reunir el dinero de la fianza.

El auto, que fue notificado ayer por la tarde a las partes, obliga a José María Bravo a entregar el pasaporte en el Juzgado de Instrucción de Irun que lleva el caso, y a comparecer semanalmente y cuantas veces le sea requerido. Por lo tanto, no podrá abandonar el territorio guipuzcoano sin autorización previa del citado Juzgado.
La Audiencia estima así en parte el recurso presentado por el abogado de José María Bravo contra la decisión de la juez de Irun que instruye el caso y que denegó el pasado 2 de junio su excarcelación, dada la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga. La juez fundamentó su decisión en que el acusado aún podía sustraerse a la acción de la Justicia y sostenía que con el dinero que presuntamente se apropió podría «asentarse en terceros países».

La juez afirmaba en su auto que, a la vista de las pruebas que se han practicado hasta el momento, existían indicios de la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, estafa, prevaricación, alzamiento de bienes y apropiación indebida. La instructora del caso consideró que la gravedad de los delitos presuntamente perpretados y las penas que dichas conductas llevan aparejadas podrían llevar al acusado a huir, máxime cuando la mayor parte del dinero supuestamente desviado no ha sido restituido. Y recordó al respecto que Bravo sólo ha devuelto una pequeña parte de la cantidad que percibió de la venta de su chalet en la localidad vasco francesa de Urrugne.

Ésta era la tercera ocasión en que el letrado de José María Bravo solicitaba su libertad. En todas ellas, la autoridad judicial había desestimado su demanda con el mismo argumento.

Sin embargo, ahora la Audiencia Provincial se basa en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para señalar que el arraigo del principal imputado, dada su situación familiar, reduce las posibilidades de fuga.

Asímismo, la Audiencia considera que el tiempo transcurrido en prisión -cumplió un año el pasado día 11- es suficiente, dado que ese periodo habría que descontarlo de la pena que en su día podrían dictar los tribunales. También fundamenta su decisión en que la posibilidad de alteración de pruebas disminuye dado lo avanzado de la instrucción del caso.

De hecho, la Fiscalía de la Audiencia de Gipuzkoa considera que el nudo gordiano de la investigación ya está suficientemente esclarecido y que si, por ellos fuera, ya sólo restaría formular el correspondiente escrito de imputación.

El ministerio público reitera que existen elementos de prueba suficientes como para imputar, cuando menos a algunos de los acusados, los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad que, bajo su parecer, se habrían cometido en la oficina de la Hacienda de Irun.

Cabe recordar que junto a José María Bravo se hallan imputados su esposa, Rosa Cobos; Pedro María Atristain, que fuera socio de José María Bravo, y la también funcionaria de Hacienda Pilar Gracenea.

La acusación fiscal entiende que bastarían sólo unas semanas para que pudiese incluso presentar la solicitud de las penas para los inculpados. Otras acusaciones también opinan lo mismo.

No obstante, aún queda por realizar una nueva prueba pericial que permita concluir de forma diáfana si las cantidades que los contribuyentes entregaron a José María Bravo se ingresaron o no en las arcas públicas.

Técnicos de la institución foral ya determinaron que estas sumas jamás se incorporaron a las cuentas forales, si bien ahora se pretende que sea un organismo ajeno a la Diputación quien investigue el destino del dinero.
Bravo fue detenido por primera vez el 18 de mayo de 2007 y puesto en libertad el 12 de junio tras pagar una fianza de 400.000 euros. El 11 de julio ingresó de nuevo en prisión tras negarse a declarar ante la jueza instructora.

 

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