GIPUZKOATIK

José María Bravo es puesto en libertad bajo fianza octubre 2, 2008

Filed under: Berriak - Noticias,Caso Hacienda Irun — Gipuzkoatik @ 5:54 pm

José María Bravo, principal imputado en el caso del fraude de la Hacienda de Irun, ha abandonado a primera hora de esta tarde la prisión donostiarra de Martutene, en la que ingresó el 11 de julio de 2007, tras abonar con avales la fianza que le fue impuesta, han informado fuentes de su familia.

Bravo ha sido excarcelado tras depositar en avales la fianza de 500.000 euros que el pasado 14 de julio le impuso la Audiencia de Gipuzkoa para obtener su libertad provisional y que en aquel entonces no pudo satisfacer porque sus allegados no consiguieron reunir la cantidad estipulada.

Los familiares del preso iniciaron a partir de ese momento un proceso para reunir una serie de garantías sobre unos inmuebles que el pasado 26 de agosto presentaron al Juzgado de Instrucción número 2 de Irun, que inició el proceso de verificación de estos avales.

Posteriormente, un perito tasó para el juzgado los citados inmuebles ya que, al no pagar la fianza en efectivo, el valor de estas fincas debe ser superior al doble de la cautela de 500.000 euros que estableció la Audiencia de Gipuzkoa.

Tras recibir los informes de la tasación realizada por el perito, el nuevo juez del caso, Julián García Marcos, dictó una providencia para que se diera traslado de estos documentos al fiscal y al resto de partes personadas que ya se han pronunciado sobre la suficiencia de la fianza prestada, por lo que el magistrado ha ordenado hoy la puesta en libertad del recluso.

Junto al ex director de la Hacienda de Irun José María Bravo, también se encuentran imputados en esta causa su esposa Rosa Cobos, la funcionaria de la oficina tributaria de la localidad fronteriza Pilar Gracenea y Pedro María Aristrain, socio del primer procesado.

Además, la Diputación de Guipúzcoa considera que hay pruebas suficientes para imputar a otras cuatro personas: un inmediato superior de Bravo en el departamento de Hacienda, un abogado y dos asesores, como “colaboradores necesarios” en el supuesto fraude.

Bravo está considerado la cabeza de una supuesta trama que, según la denuncia que el fiscal presentó en su momento, supuestamente cobraba diferentes cantidades a contribuyentes morosos que no fueron ingresadas en Hacienda sino en cuentas corrientes a nombre de los inculpados o entidades mercantiles interpuestas.

La trama se habría apropiado presuntamente de esta manera de cerca de un 1.800.000 euros y habría dejado de ingresar en las arcas de Hacienda cerca de ocho millones de euros.

 

La familia de Bravo denuncia la «tardanza» en comprobar los avales para su puesta en libertad septiembre 9, 2008

Filed under: Caso Hacienda Irun — Gipuzkoatik @ 7:20 am

La familia y el entorno más cercano a José María Bravo, presunto cerebro del fraude de la Hacienda de Irun, no esconde su enorme malestar ante la «incomprensible tardanza», aseguran, que está mostrando el Juzgado de Instrucción número 2 de Irun a la hora de verificar los bienes inmuebles presentados como avales para hacer frente a la fianza de 500.00 euros acordada por la Audiencia Provincial, para que Bravo pueda obtener la puesta en libertad provisional.

Según señalaron ayer a este periódico familiares cercanos a José María Bravo, «el Juzgado de Irun lleva tres semanas intentando verificar los avales presentados, una tardanza incomprensible tratándose de una persona que está en prisión desde el 11 de julio de 2007. Este tipo de causas se tratan de manera urgente. No sabemos por qué aquí no».

El entorno más cercano a Bravo ya anunció hace ya casi dos meses, cuando la Audiencia Provincial acordó la puesta en libertad bajo fianza del principal imputado, la «imposibilidad» de poder reunir «esa cantidad de dinero». «Es absolutamente imposible que José María reúna dicha cantidad, «porque lo poco que tenía está embargado», aseguró su hermano Víctor Bravo. Frente a ello, el entorno cercano de Bravo asegura haber presentado a finales de agosto una serie de bienes inmuebles como avales personales para la puesta en libertad del acusado. «El Juzgado tardó una semana en tramitar esa documentación», se queja el entorno de Bravo, que considera «incomprensible que un perito judicial tarde más de tres semanas en verificarlos».

Según señala la familia de Bravo, los bienes inmuebles ofrecidos como contragarantía de la fianza han sido tasados por una compañía «homologada por el Banco de España». Según la normativa vigente, el valor de esos bienes inmuebles debe ser el doble de los 500.000 euros de fianza que hubiera tenido que pagar Bravo si lo hubiera hecho con efectivo, «Sin embargo, y tras tres semanas de retraso, hoy (por ayer) nos informan de que el juez ha pedido ahora a un perito judicial de Bilbao que verifique los avales, lo cual retresará aún más el proceso», critica la familia de Bravo.
Según ha podido saber DV, los propietarios y los bienes inmuebles presentados como avales son de San Sebastián. «Y en lugar de pedir su verificación a un perito de Donostia, que conoce la ciudad, lo remiten a Bilbao», critica un familiar de Bravo. «Encima, lo ha pedido por exhorto, por lo que tardará más. A este ritmo, aún queda tiempo para que José María pueda salir de la cárcel», añade.

Mientras el Juzgado comprueba los avales presentados, el abogado de Bravo, Jesús Urraza, considera «importante» que su defendido acceda a la libertad provisional para «poder preparar con él, expediente a expediente, toda su defensa».

La Audiencia Provincial acordaba a mediados de julio la puesta en libertad provisional de José María Bravo bajo fianza de 500.000 euros, ya que la pérdida de esta cuantía «excluye cualquier intención de fuga». En opinión de la Audiencia Provincial, el arraigo del imputado, su situación familiar y el transcurso del tiempo que llevaba en prisión a restar de la pena que pueda recaer son circunstancias «que avalan su permanencia en el país, prevaleciendo sobre aquellas que determinarían su fuga. Junto a ello, añadía que «ni la ocultación de pruebas ni la reiteración delictiva pueden apreciarse» en el caso.

Como medidas adicionales establecía además la retirada del pasaporte, la obligación de comparecer semanalmente ante el Juzgado de su residencia habitual, la prohibición de abandonar el territorio nacional sin previa autorización y la comunicación a Europol de esta prohibición. La decisión de la Audiencia Provincial se topó con el rechazo del Ministerio Fiscal, así como de la Diputación foral de Gipuzkoa y las Juntas Generales.

El ministerio público entiende que los hasta ahora cuatro imputados -José María Bravo; su esposa, Rosa Cobos; Pilar Gracenea, trabajadora de la oficina de Irun, y Pedro María Atristain, socio del primero- habrían incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de dinero y falsedad en documento oficial.

Según la Fiscalía, José María Bravo cobraba presuntamente deudas tributarias de contribuyentes que luego no ingresaba en las cuentas de la Hacienda foral. De esta manera, el fisco guipuzcoano habría dejado de ingresar 8 millones de euros, de los cuales Bravo se habría apropiado de 1,6.

 

La Audiencia Provincial acuerda la libertad de José María Bravo bajo fianza de 500.000 euros julio 15, 2008

Filed under: Berriak - Noticias,Caso Hacienda Irun — Gipuzkoatik @ 8:27 pm

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa acordó ayer la libertad provisional bajo fianza de 500.000 euros de José María Bravo, principal imputado en el presunto fraude en la Hacienda de Irun y que ha cumplido un año en prisión, al considerar que «por su arraigo familiar disminuye el riesgo de fuga, así como la posibilidad de alteración de pruebas dado lo avanzado de la instrucción del caso». Bravo podrá abandonar la cárcel de Martutene cuando logre reunir el dinero de la fianza.

El auto, que fue notificado ayer por la tarde a las partes, obliga a José María Bravo a entregar el pasaporte en el Juzgado de Instrucción de Irun que lleva el caso, y a comparecer semanalmente y cuantas veces le sea requerido. Por lo tanto, no podrá abandonar el territorio guipuzcoano sin autorización previa del citado Juzgado.
La Audiencia estima así en parte el recurso presentado por el abogado de José María Bravo contra la decisión de la juez de Irun que instruye el caso y que denegó el pasado 2 de junio su excarcelación, dada la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga. La juez fundamentó su decisión en que el acusado aún podía sustraerse a la acción de la Justicia y sostenía que con el dinero que presuntamente se apropió podría «asentarse en terceros países».

La juez afirmaba en su auto que, a la vista de las pruebas que se han practicado hasta el momento, existían indicios de la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, estafa, prevaricación, alzamiento de bienes y apropiación indebida. La instructora del caso consideró que la gravedad de los delitos presuntamente perpretados y las penas que dichas conductas llevan aparejadas podrían llevar al acusado a huir, máxime cuando la mayor parte del dinero supuestamente desviado no ha sido restituido. Y recordó al respecto que Bravo sólo ha devuelto una pequeña parte de la cantidad que percibió de la venta de su chalet en la localidad vasco francesa de Urrugne.

Ésta era la tercera ocasión en que el letrado de José María Bravo solicitaba su libertad. En todas ellas, la autoridad judicial había desestimado su demanda con el mismo argumento.

Sin embargo, ahora la Audiencia Provincial se basa en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para señalar que el arraigo del principal imputado, dada su situación familiar, reduce las posibilidades de fuga.

Asímismo, la Audiencia considera que el tiempo transcurrido en prisión -cumplió un año el pasado día 11- es suficiente, dado que ese periodo habría que descontarlo de la pena que en su día podrían dictar los tribunales. También fundamenta su decisión en que la posibilidad de alteración de pruebas disminuye dado lo avanzado de la instrucción del caso.

De hecho, la Fiscalía de la Audiencia de Gipuzkoa considera que el nudo gordiano de la investigación ya está suficientemente esclarecido y que si, por ellos fuera, ya sólo restaría formular el correspondiente escrito de imputación.

El ministerio público reitera que existen elementos de prueba suficientes como para imputar, cuando menos a algunos de los acusados, los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad que, bajo su parecer, se habrían cometido en la oficina de la Hacienda de Irun.

Cabe recordar que junto a José María Bravo se hallan imputados su esposa, Rosa Cobos; Pedro María Atristain, que fuera socio de José María Bravo, y la también funcionaria de Hacienda Pilar Gracenea.

La acusación fiscal entiende que bastarían sólo unas semanas para que pudiese incluso presentar la solicitud de las penas para los inculpados. Otras acusaciones también opinan lo mismo.

No obstante, aún queda por realizar una nueva prueba pericial que permita concluir de forma diáfana si las cantidades que los contribuyentes entregaron a José María Bravo se ingresaron o no en las arcas públicas.

Técnicos de la institución foral ya determinaron que estas sumas jamás se incorporaron a las cuentas forales, si bien ahora se pretende que sea un organismo ajeno a la Diputación quien investigue el destino del dinero.
Bravo fue detenido por primera vez el 18 de mayo de 2007 y puesto en libertad el 12 de junio tras pagar una fianza de 400.000 euros. El 11 de julio ingresó de nuevo en prisión tras negarse a declarar ante la jueza instructora.

 

Víctor Bravo niega que conociera el fraude en la Hacienda de Irun junio 20, 2008

Filed under: Berriak - Noticias,Caso Hacienda Irun — Gipuzkoatik @ 9:35 am

Víctor Bravo, ex senador jeltzale y ex director de la Hacienda de Gipuzkoa, ha comparecido ante la Comisión de Investigación que trata de esclarecer las responsabilidades políticas en el caso de fraude de la Hacienda de Irun.

Víctor Bravo, hermano de José María Bravo, principal imputado en el caso, ha llegado puntual a su cita en las Juntas Generales de Gipuzkoa, con un maletín que contenía documentos de la etapa en la que fue director de Hacienda.

En esta ocasión el que fuera senador del PNV no ha evitado a los medios de comunicación, a diferencia de lo que ocurrió cuando fue llamado a declarar en el juzgado.

Bravo ha negado que desde la dirección del Departamento de Hacienda donde estuvo durante 12 años tuviera conocimiento de las irregularidades que con posterioridad afloraron en la oficina de Irun, de la que era responsable su hermano.

Su colaboración ha sido valorada positivamente por Julio Astudillo, presidente de la Comisión de Investigación.

Las comparecencias de otros responsables políticos en el área de Hacienda continuarán este viernes, con los ex diputados de hacienda Jose Luis Goikoetxea y Antón Market.

 

Las Juntas citan al ex diputado Bandrés por la relación de su mujer con la Hacienda de Irun marzo 12, 2008

Filed under: Berriak - Noticias,Caso Hacienda Irun,Gipuzkoa — Gipuzkoatik @ 3:01 pm

La comisión de las Juntas Generales que investiga las responsabilidades políticas que se podrían derivar del presunto fraude de la Hacienda de Irun citará a declarar al ex diputado foral Luis María Bandrés para que aclare la relación de su mujer, Maite M.A., con la investigación del caso. Según la fiscalía, Jose María Bravo, presunto cerebro de la trama, habría rebajado a 108.000 euros una deuda de 587.214 euros contraída por la empresa Tiendas Reunidas, perteneciente a la esposa de Bandrés. A mediados de noviembre de 2007, Maite M. A. ya afirmó ante la juez que ni ella ni su marido pidieron favores a altos cargos forales. Los grupos junteros, en cambio, siguen teniendo dudas. “Esperamos que Bandrés nos las aclare“, apunta el socialista Julio Astudillo, presidente de la comisión.

Pese a la sorpresa que ha podido causar la citación de Bandrés, ex diputado foral de Servicios Sociales (1995-1999) y de Cultura (1999-2003), los miembros de la comisión consideran “lógica” su comparecencia. “A medida que acuden los testigos surgen nuevas dudas que hay que aclarar. El caso de Bandrés es bastante significativo. Su mujer ha sido investigada por el presunto fraude y él ha sido diputado foral durante ocho años. Parece lógico que sea llamado“, señalan fuentes cercanas a la comisión.
Sin embargo, su citación vino precedida de un “pequeño debate” entre los grupos, alguno de los cuales mostraba sus dudas sobre la idoneidad de la comparecencia. “Al final, todos asumieron llamarle“, apuntan las mismas fuentes. La propia comisión aún no ha puesto fecha a su declaración ni tiene el visto bueno del ex diputado, que puede rechazar la convocatoria al ser voluntaria.

En su declaración ante la juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Irun, la esposa del ex diputado foral de Gipuzkoa Luis María Bandrés aseguró que ni ella ni su marido realizaron gestiones con altos cargos de la Diputación con la finalidad de obtener un trato de favor en la liquidación de las deudas que las empresas de la mujer habían contraído con el erario público. Maite M.A., en su comparecencia ante la juez ratificó la declaración que prestó ante la Ertzaintza. En 2003 José María Bravo reclamó a los representantes legales de la empresa Tiendas Reunidas, perteneciente a Maite M.A., una deuda que ascendía a 587.214 euros. Bravo, en una entrevista con la contribuyente, accedió a rebajar la cuantía hasta los 108.000 euros. La esposa de Bandrés afirmó que aceptó el trato y que realizó tres pagos en metálico, uno de 12.000 euros, otro de 36.000 y el último de 60.000.

En su declaración, Maite M.A. indicó que el dinero que le permitió liquidar la deuda provino de un préstamo de unos familiares, a quienes posteriormente devolvió las cantidades tras la venta de un “bien familiar“. Aseguró que la sociedad que administraba no tenía dinero y sí muchos empleados.

La testigo dijo que nunca se puso en contacto con superiores de José María Bravo ni tampoco con su hermano, el ex senador del PNV Víctor Bravo. Indicó igualmente que ni ella ni su marido contactaron con altos cargos de la Diputación para obtener un trato de favor.

Por su parte, la comisión de investigación volverá a citar mañana a Juan Pardo, ex responsable de la Unidad de Coordinación de Oficinas Tributarias de Gipuzkoa desde el 2000 y, por tanto, superior inmediato de Bravo. después de que su anterior declaración, el viernes 29 de febrero, tuviera que ser suspendida quedando pendientes algunas preguntas de los grupos junteros. En concreto, de EA, PNV y PSE.
Además, la Cámara territorial citará a declarar por la mañana a la responsable de auditorías de la Hacienda foral, Itziar Aristondo Fernández, al responsable de informática, Francisco Alday Figueroa y al de contabilidad, Jorge Corral Alza. Por la tarde está citado, además de Pardo, Elena Garayalde Martin, representante del sindicato de funcionarios de la Diputación Bazkuna y abogada, a su vez, de Pilar Gracenea, imputada en el caso. El viernes, llegará el turno de CC OO, ELA y LAB.

 

Díez: "Miembros de la Diputación conocían las irregularidades" febrero 24, 2008

Filed under: Berriak - Noticias,Caso Hacienda Irun,Gipuzkoa — Gipuzkoatik @ 12:11 pm

Rafa Díez, secretario general del sindicato LAB que ejerce la acusación popular en el caso de la Hacienda de Irun, ha dicho hoy que algunas personas del “organigrama” de la Diputación de Gipuzkoa eran “perfectamente conscientes de que había irregularidades” en el “sistema de recaudación“.

Díez ha hecho estas declaraciones a los periodistas momentos antes de participar en una manifestación organizada por su sindicato en Donostia-San Sebastián para reclamar que se asuman responsabilidades políticas en este presunto fraude que asciende a mas de ocho millones de euros y en el que se encuentran imputadas cinco personas.

El dirigente del sindicato abertzale ha opinado que en este caso existe “una cobertura en términos políticos” y ha recalcado que “en el anterior organigrama de la Diputación ha habido responsabilidades políticas que han permitido” que este fraude “sucediera“. Por ello, ha indicado que “sería muy importante que se diera una auténtica auditoría en el sistema de recaudación de la Diputación para depurar todas las responsabilidades directas y colaterales o inducidas“.

Rafa Díez ha anunciado, además, que el sindicato LAB pagará los 60.000 euros de fianza que la Audiencia provincial de Gipuzkoa le exige para continuar personado como acusación en el caso del fraude de la hacienda de Irun.

 

Hacienda eleva a 8,1 millones de euros el presunto fraude de la oficina de Irun enero 18, 2008

Filed under: Berriak - Noticias,Caso Hacienda Irun — Gipuzkoatik @ 7:49 am

La aparición de 51 nuevos expedientes irregulares eleva a un total de 8.125.106 euros el presunto fraude cometido en la oficina de Hacienda de Irun entre los años 1989 y 2004. Según las investigaciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa, los responsables de la trama, cuyo principal imputado es José María Bravo, se habrían apropiado de aproximadamente 1.638.552 euros a través del cobro de supuestas deudas tributarias que luego no eran ingresadas en las arcas forales.

Es un escándalo que genera alarma social y que no vamos a tolerar“, confesaba ayer el diputado de Hacienda, Pello González, minutos después de aportar los datos de la investigación que lleva a cabo su departamento ante la Comisión de Hacienda de las Juntas Generales. “El departamento va hacer todo lo que esté en su mano para recuperar todo el dinero y castigar a los culpables“, añadía tajante.

González ofreció ayer los resultados de la segunda fase de investigación de los expedientes que fueron dados de baja en Gipuzkoa por prescripción o insolvencia entre 1989 y 2000. Los primeros años coinciden con la época en la que José María Bravo se hizo cargo de la oficina tributaria de la localidad fronteriza.

Si la primera fase de la investigación de la Diputación centrada entre 2001 y 2004 detectó 37 expedientes irregulares que elevaban el presunto fraude a 7.553.137 euros, los 18 funcionarios del departamento que trabajan en la segunda fase -puesta en marcha en octubre de 2007- han hallado 51 nuevos expedientes con anomalías, con un importe total de fraude de 571.968 euros. “El total que la Hacienda foral ha dejado de recaudar son 8.125.106 euros“, apuntó González, quien descartó que esa cifra vaya a aumentar más.

Fuentes de la Diputación foral señalan que la diferencia de cuantía entre ambos periodos se “puede deber a una toma de contacto. Parece razonable pensar que durante las primeras veces que se cometió el fraude se negociaron cantidades pequeñas. Posteriormente, al sentirse más tranquilos, optaron por elevar las sumas de dinero“.
Policía judicial

La Diputación ha puesto los 51 nuevos expedientes a disposición de la juez encargada del caso, Almudena Ovejero, quien ha solicitado al departamento de Hacienda que investigue en “profundidad” estos documentos con el fin de realizar una “criba” para que finalmente sólo se trasladen al Juzgado aquellos en los que se aprecie un “contenido probatorio” claro.

De esta manera, la Hacienda foral actuará como una “policía judicial” y citará a declarar a los contribuyentes que figuran en esos expedientes. El departamento que dirige Pello González ha acordado un “sistema” especial con el Juzgado y la Fiscalía para evitar que los afectados se nieguen a acudir alegando la falta de competencia foral para estas labores. Lo que parece evidente es que la aparición de esos 51 nuevos expedientes retrasará la instrucción del caso que lleva el Juzgado número 2 de Irun.

Tras desvelar los resultados de las labores de investigación, el diputado de Hacienda insistió en centrar la trama en la oficina de Irun. “No ha habido en ningún caso más expedientes irregulares” que los descubiertos en esa oficina, afirmó, antes de recordar dos excepciones: dos informes detectados en la sucursal de Errenteria entre 1989 y 1991, años en los que José María Bravo trabajó en la delegación de la villa papelera.

González quiso enmarcar el fruto de la investigación dentro de la “apuesta decidida” de su departamento para luchar contra el fraude fiscal.Con esta actuación nuestro departamento cumple con su compromiso adquirido a principio de la legislatura de mantener una tolerancia cero con este tipo de actuaciones, y de intentar llegar al final de toda la investigación de la trama de Irun y de otras posibles tramas que pudiera haber“, indicó González, consciente de la pérdida de confianza en la Hacienda foral que el presunto fraude ha generado.

Nuestro fin es recuperar todo el dinero, que se castigue a los culpables y adoptar las medidas oportunas para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Hay que reforzar los mecanismos internos de control para que la labor de unos pocos no enturbie el trabajo de los 500 profesionales que trabajan en la Hacienda foral“, subrayó González.

El diputado de Hacienda señaló que la actuación que está llevando su departamento en el “affaire Bravo” ha puesto “nerviosa” a mucha gente. “Iremos a por quien no cumpla sus compromisos tributarios“, concluyó González.